Los aranceles, esa vieja pasión de los gobiernos
A los gobiernos les encantan los aranceles. Tienen una ventaja estupenda: permiten presentar una subida de impuestos en la frontera como si uno acabara de plantar la bandera nacional en una colina. Se anuncian para proteger empleos, defender fábricas y poner firmes a los extranjeros, aunque después la factura termine dando unas cuantas vueltas antes de encontrar quién la paga.
Donald Trump les ha cogido especial cariño, pero tampoco ha inventado nada. Mucho antes de que existieran las ruedas de prensa con gorras rojas, los gobiernos ya habían descubierto que cerrar un poco la puerta del mercado podía servir para convencer al vecino de que se sentara a negociar.
España y Estados Unidos lo comprobaron a finales del siglo XIX. Y en medio estaba Cuba.
Una isla española que vivía de vender a otro
En la última década del siglo XIX, la isla seguía siendo española, pero había un pequeño detalle que complicaba bastante las cosas: su gran negocio era el azúcar y su mejor cliente estaba justo enfrente, en Estados Unidos. Madrid mandaba políticamente; Washington compraba buena parte de lo que mantenía funcionando la economía cubana. Una combinación estupenda para acabar discutiendo.
Cánovas, que por entonces dirigía el Gobierno español, aplicó una lógica colonial bastante sencilla: si Cuba era española, lo suyo era que comprara español. Por tanto, harinas, tejidos y otras mercancías peninsulares recibieron protección frente a la competencia extranjera mediante aranceles elevados.
Sobre el papel tenía sentido para los productores de la Península. Para Cuba, bastante menos.
Porque la isla podía ser española a la hora de comprar, pero cuando llegaba el momento de vender toneladas de azúcar tenía que mirar hacia Estados Unidos. Y ahí empezaba el lío: Madrid pretendía decidir qué entraba en Cuba mientras la prosperidad cubana dependía en buena medida de lo que estuviera dispuesto a comprar Washington.
Washington también jugaba a las tarifas
Los estadounidenses, por supuesto, tampoco habían fundado una ONG del libre comercio. En 1890 aprobaron el arancel McKinley, una buena barrera proteccionista con una puerta lateral: Estados Unidos podía ofrecer mejores condiciones a determinados países si estos, a cambio, hacían concesiones a los productos norteamericanos.
España, presionada por los propios productores cubanos —que no querían perder el acceso libre de aranceles que ya disfrutaban—, terminó aceptando jugar. En 1891 ambos países alcanzaron el acuerdo Foster-Cánovas, un pacto de reciprocidad que mantuvo la entrada del azúcar cubano en Estados Unidos y abrió algo más el mercado de Cuba y Puerto Rico a las mercancías estadounidenses.
Funcionó, sí. Pero también dejó una escena bastante curiosa: España seguía siendo la propietaria de la casa mientras Estados Unidos iba convirtiéndose en uno de sus mejores clientes, proveedores y, de paso, en alguien cada vez más interesado en saber qué pasaba dentro.
Entonces cambiaron otra vez las reglas.
En 1894 llegó el arancel Wilson-Gorman, y con él la derogación de la reciprocidad que había mantenido a flote el acuerdo de 1891. El azúcar cubano perdió de un plumazo el trato preferente que llevaba tres años disfrutando en el mercado estadounidense. Para una isla cuya economía dependía enormemente de ese producto, el golpe se sintió desde los grandes ingenios hasta el último jornalero que esperaba la zafra para cobrar.
El arancel no fue la mecha, pero sí añadió leña
No fue aquello lo que provocó la rebelión cubana. Conviene dejarlo claro porque las guerras rara vez empiezan porque un señor cambie una tarifa en una aduana.
El problema venía de mucho antes.
Cuba llevaba décadas discutiendo —y a tiros en más de una ocasión— su relación con España. Todo había empezado con la Guerra de los Diez Años en 1868. Tres décadas más tarde, el independentismo seguía vivo y personajes como José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo llevaban tiempo preparando otro levantamiento. Cuando en febrero de 1895 volvió a estallar la insurrección, el combustible político llevaba años acumulándose.
Y, la crisis económica simplemente añadió otro bidón.
Porque, España quería conservar una de sus últimas grandes colonias americanas y los independentistas querían exactamente lo contrario. Mientras, Estados Unidos observaba desde la otra orilla con un interés que tenía bastante poco de contemplativo: Cuba estaba a unos kilómetros de Florida, producía enormes cantidades de azúcar y ocupaba una posición estratégica magnífica en el Caribe.
Vamos, que nadie estaba mirando la isla por afición a la geografía.
Del Maine a la guerra: todo se acelera
Durante los tres años siguientes la guerra fue brutal. España envió decenas de miles de soldados, la economía cubana quedó destrozada y Estados Unidos fue implicándose cada vez más en la crisis. Hasta que, en febrero de 1898, explotó el Maine en el puerto de La Habana.
Y entonces todo se aceleró.
La causa exacta de aquella explosión sigue siendo discutida, pero políticamente importó bastante menos de lo que cabría esperar. La prensa estadounidense convirtió el desastre en munición, aumentó la presión sobre el Gobierno de Washington y, unas semanas después, Estados Unidos entró en guerra contra España.
La contienda duró apenas unos meses.
El estreno de una potencia expansiva
El resultado fue de todo menos breve en sus consecuencias: España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas de golpe, cerrando así cuatro siglos de imperio. Estados Unidos, en cambio, tomó nota de lo bien que le sentaba el papel de potencia colonial y decidió que aquello no sería un episodio aislado, sino el arranque de su política expansiva. Cuba, por su parte, cambió de dueño sin cambiar de condición: dejó de depender de Madrid solo para pasar, casi sin respirar, a hacerlo de Washington.
De vuelta a los aranceles
Porque toda esta historia demuestra que una tarifa aduanera puede parecer algo aburridísimo —porcentajes, toneladas de azúcar, tablas comerciales y señores con bigote firmando tratados— hasta que uno descubre que detrás están las mismas preguntas de siempre: quién compra, quién vende, quién pone las condiciones y quién tiene suficiente mercado como para obligar al otro a escucharlas.
Más de un siglo después han cambiado los protagonistas, las economías son mucho más complejas y comparar la Cuba colonial con los Estados actuales sería hacerle una llave de judo a la historia. Pero la herramienta sigue estando en la caja.
Y Trump la utiliza con entusiasmo.
Acero, automóviles, productos agrícolas, componentes industriales… el mensaje es sencillo: si quieres vender en uno de los mayores mercados del mundo, quizá tengas que aceptar determinadas condiciones. China, Canadá, México o la Unión Europea pueden responder del mismo modo, porque nadie disfruta demasiado viendo cómo le levantan una barrera comercial sin devolver el saludo.
El partido de tenis arancelario
Y entonces empieza el partido de tenis.
Uno grava el acero. El otro responde con productos agrícolas. El primero añade automóviles. El segundo busca una mercancía fabricada precisamente en una región electoralmente sensible del contrario. Y al cabo de unas semanas aquello ya no parece una política industrial, sino una pelea de bar con hojas de cálculo.
El problema es que los gobiernos se pelean, pero las facturas circulan.
Las pagan empresas que necesitan importar materiales, agricultores que pierden mercados, trabajadores cuyos sectores quedan atrapados en la disputa y consumidores que descubren que aquello de castigar al extranjero puede acabar apareciendo en el precio de lo que compran.
Cuba lo comprobó hace más de un siglo de una forma mucho más dramática. Los aranceles no provocaron su independencia, ni explican por sí mismos la guerra de 1895 ni la intervención estadounidense de 1898. Pero estuvieron allí, formando parte de una batalla mucho mayor por el mercado, la influencia y el poder.
Porque los aranceles empiezan en la aduana.
El problema es que nunca se sabe muy bien dónde terminan.
