El Bienio Conservador 1933–1936
La contrarreforma, la Revolución de octubre y el camino hacia la quiebra de la democracia
Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936, los gobiernos de centro-derecha presididos por el Partido Radical de Alejandro Lerroux —con el apoyo parlamentario de la CEDA de Gil-Robles— pusieron sistemáticamente en marcha el desmantelamiento de las reformas del bienio anterior. Lo que la historiografía denomina «Bienio Conservador», «Bienio Negro» o «Bienio Radical-Cedista» culminó en una crisis constitucional, escándalos de corrupción y la convocatoria de nuevas elecciones que abrirían paso al Frente Popular.
El nuevo mapa político tras las elecciones de 1933
Los comicios del 19 de noviembre de 1933 dibujaron unas Cortes radicalmente distintas a las constituyentes de 1931. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), fundada ese mismo año por José María Gil-Robles bajo la inspiración del catolicismo político europeo, se convirtió en la fuerza más votada con 115 diputados. El Partido Radical de Lerroux obtuvo 102 escaños, consolidándose como bisagra del sistema. La izquierda, fragmentada y con un PSOE que se presentó en solitario, quedó reducida a poco más de 60 escaños.
Con este mapa, la responsabilidad de formar gobierno recaia en la CEDA, pero, el presidente Alcalá-Zamora se negó a encargar gobierno a Gil-Robles, dada la ambigüedad respecto a la República y las simpatías hacia el fascismo europeo —había visitado los congresos del Partido Nazi y de las Juventudes Hitlerianas— generaban desconfianza. La solución fue dar a Lerroux la posibilidad de formar gobierno, el cual seria finalmente sostenido desde fuera por la CEDA. Esta situación daba lugar a un equilibrio frágil que convirtió al Partido Radical en rehén de la derecha accidentalista.
El nuevo gobierno estaba, por tanto, formado principalmente por miembros del Partido Radical o eran independientes.
La política de contrarreformas
Nada más formar gobierno, y bajo la presión del partido mayoritario en el Congreso -la CEDA-, el gobierno de Lerroux empezó a desmantelar toda aquellas reformas que se habían empezado durante el Bienio Progresista. Así, dada la imposibilidad de anular las reformas claves comenzadas durante el gobierno anterior, se dedicaron a `paralizarlas.
Paralización de la Reforma Agraria
La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue vaciada de contenido. Se redujeron drásticamente los créditos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), se paralizaron los asentamientos y se amnistió a los propietarios que habían boicoteado su aplicación. El jornal medio agrícola cayó un 30 % entre 1933 y 1935.
Política religiosa
Se restablecieron las subvenciones al clero, paralizadas en 1931. Se frenó la aplicación de la ley que prohibía enseñar a las órdenes religiosas (prevista para 1933) y se devolvieron bienes eclesiásticos incautados. La Iglesia recuperó influencia en la enseñanza pública.
Reforma militar
El ministro de Guerra Gil-Robles nombró al general Franco jefe del Estado Mayor Central por el ministro de Guerra Gil-Robles en mayo de 1935. Se rehabilitó a militares represaliados por el bienio anterior, entre ellos al general Mola, y se reforzaron los cuerpos de élite del ejército colonial de África.
Autonomías
Tras la Revolución de octubre de 1934, el gobierno central suspendió el Estatuto de Cataluña y clausuró la Generalitat. El presidente Lluís Companys fue juzgado por un tribunal militar y condenado a 30 años de reclusión. El Estatuto del País Vasco, en tramitación, quedó bloqueado.
Legislación laboral
Los Jurados Mixtos —árbitros laborales creados por Largo Caballero— fueron desmantelados o su composición modificada a favor de los patronos. Las bases de trabajo acordadas en el bienio anterior fueron derogadas en numerosas provincias, especialmente en la agricultura.
Amnistía a los golpistas
En abril de 1934 se aprobó una ley de amnistía que benefició a los participantes en la Sanjurjada de 1932, incluido el propio general Sanjurjo. La medida fue recibida como una señal de que el nuevo régimen toleraba la sedición militar contra la República.
La entrada de la CEDA en el Gobierno: octubre de 1934
El antecedente: la táctica cedista en tres fases
La presencia de la CEDA en el ejecutivo no fue un accidente sino el resultado de una estrategia calculada. Como señaló Santos Juliá, desde el triunfo electoral de noviembre de 1933, Gil-Robles se dispuso a llevar a la práctica una táctica de tres fases: prestar apoyo a un gobierno presidido por Lerroux, dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gabinete y, finalmente, hacerse con la presidencia del Gobierno. La CEDA había sostenido parlamentariamente tres gobiernos radicales consecutivos sin exigir carteras, pero esa paciencia tenía un horizonte calculado.
Las presiones no se limitaron al ámbito parlamentario. La CEDA las ejerció también mediante demostraciones de fuerza como dos multitudinarias concentraciones en El Escorial y en Covadonga, en las que aparecieron signos propios de la parafernalia fascista, incluida la exaltación de Gil-Robles —que acababa de asistir al Congreso del partido nazi en Núremberg— con los gritos de «¡Jefe, jefe, jefe!».
La caída del gobierno Samper
El detonante inmediato fue la crisis del gabinete de Ricardo Samper. El 1 de octubre de 1934, al reanudarse las sesiones parlamentarias, la CEDA retiró su apoyo al gobierno alegando, entre otras razones, su falta de firmeza para resolver el conflicto con la Generalitat de Cataluña a raíz de la Ley de Contratos de Cultivo —declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías— y la conflictividad agraria del verano. Samper, ante la pérdida de la mayoría, dimitió ese mismo día.
Todo el republicanismo de izquierdas —la Unión Republicana de Martínez Barrio y la Izquierda Republicana de Azaña— presionó al presidente Alcalá-Zamora para que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, considerando que no se podía entregar el poder a los enemigos de la República. Alcalá-Zamora, que compartía esas desconfianzas pero tampoco contempló la disolución, encargó a Lerroux una vez más la formación de gobierno, esta vez con ministros cedistas incluidos.
El gobierno del 4 de octubre y sus ministros
Lerroux accedió a la demanda y formó el nuevo gobierno el 4 de octubre. Los tres ministerios otorgados a la CEDA fueron Justicia, Agricultura y Trabajo —carteras desde las cuales, como señaló el propio Lerroux, «resultaba evidente que no se podía atentar, aun habiéndolo querido, contra la seguridad del régimen»—. Los ministros cedistas designados fueron Manuel Giménez Fernández en Agricultura, Rafael Aizpún en Justicia y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo. Gil-Robles, significativamente, no entró en persona al gabinete.
«La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer.»
— José María Gil-Robles, campaña electoral, 1933
La reacción de la izquierda y el debate historiográfico
Para los partidos republicanos de izquierda, la medida fue «el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos». Izquierda Republicana proclamó su «decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República», aunque no se sumó a la insurrección que siguió. Para el PSOE, el ingreso de la CEDA significaba la irrupción de la amenaza fascista en la República, una percepción en la que pesaban decisivamente los ejemplos recientes de Alemania y Austria, donde la derecha había liquidado las democracias por vías aparentemente legales.
La historiografía ha debatido extensamente la legitimidad de ambas posiciones. Para Paul Preston y Santos Juliá, la ambigüedad constitucional de la CEDA —que nunca hizo una declaración pública de adhesión al régimen— hacía comprensible el temor de la izquierda. Para Nigel Townson y otros historiadores revisionistas, la entrada de la CEDA era el ejercicio legítimo de un derecho parlamentario por parte del partido más votado, y la respuesta insurreccional del PSOE representó una ruptura unilateral de las reglas del juego democrático.
«Antes de que llegue ese momento, España entera se levantará.»
— Indalecio Prieto, octubre de 1934, ante la entrada de la CEDA en el Gobierno
El PSOE, la UGT y la Alianza Obrera convocaron una huelga general revolucionaria para el 5 de octubre de 1934. El movimiento fracasó en casi toda España salvo en dos focos: Barcelona y Asturias.
La Revolución de octubre de 1934
El alzamiento de Asturias
En la cuenca minera asturiana, la huelga se transformó en una insurrección armada. Los mineros, unidos en la Alianza Obrera —que agrupaba a socialistas, comunistas y anarquistas bajo la consigna «UHP» (Uníos Hermanos Proletarios)—, tomaron el control de Mieres, Sama de Langreo y Oviedo durante dos semanas. Se proclamó una efímera «república socialista» en varios municipios.
El gobierno encargó la represión al general Franco, que movilizó el Ejército de África —las tropas más duras y experimentadas del ejército español, acostumbradas a la guerra colonial—. La represión fue sangrienta: entre 1.100 y 1.500 muertos en los combates, más de 30.000 detenidos y centenares de casos documentados de torturas y ejecuciones extrajudiciales. La Cruz Roja y la prensa internacional denunciaron los abusos. Uno de los periodistas, Luis de Sirval, fue asesinado por un oficial extranjero de la Legión mientras investigaba dichos excesos..
Nota historiográfica
Las cifras de víctimas de la Revolución de octubre varían según las fuentes. Los historiadores Adrian Shubert (Hacia la revolución, 1984) y Marta Bizcarrondo han documentado entre 1.100 y 1.500 muertos en combate y en la represión posterior. Las cifras del gobierno de la época (33 muertos entre fuerzas del orden, 1.051 entre los insurrectos) han sido revisadas al alza por la historiografía posterior a partir de registros civiles y documentación judicial.
El alzamiento en Cataluña
Cuando se habla de la Revolución de Octubre de 1934, Asturias suele ocupar el centro del relato. Sin embargo, Cataluña vivió unos acontecimientos propios que muestran hasta qué punto la tensión política de la Segunda República había alcanzado un nivel crítico.
La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue interpretada por sectores republicanos y de izquierdas como una amenaza para el sistema político nacido en 1931. En Cataluña, la respuesta llegó de la mano del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que la noche del 6 de octubre de 1934 proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española».
La iniciativa tuvo un recorrido muy breve. La actuación del general Batet, fiel al gobierno republicano, permitió sofocar rápidamente el movimiento. Companys y su gobierno fueron detenidos y el Estatuto de Autonomía quedó suspendido temporalmente.
La repercusión política de octubre de 1934
La revolución de octubre tuvo consecuencias duraderas en ambos bandos del espectro político. Para la derecha, confirmó que la izquierda socialista era un peligro revolucionario que justificaba las medidas más duras. Para la izquierda, la feroz represión posterior —con los líderes del PSOE encarcelados, la Generalitat clausurada y miles de detenidos en condiciones denunciadas internacionalmente— actuó como aglutinante y radicalizó aún más las posiciones.
Manuel Azaña, que no había tenido ninguna participación en el alzamiento, fue detenido preventivamente en Barcelona y procesado —el fiscal no encontró cargos suficientes y fue liberado meses después—. El episodio lo convirtió en mártir de la izquierda republicana y catalizó la futura coalición del Frente Popular.
Los escándalos del estraperlo y el fin del Partido Radical
En 1935 estalló el «escándalo del estraperlo»: un empresario holandés, Daniel Strauss, denunció haber pagado sobornos a dirigentes del Partido Radical —incluido un sobrino de Lerroux— para que se autorizara la instalación de ruletas eléctricas (straperlot, término que pasaría al español como sinónimo de mercado negro) en casinos españoles. Poco después surgió el «asunto Tayá», otro caso de corrupción relacionado con indemnizaciones irregulares.
Los escándalos hundieron la credibilidad del Partido Radical. Alcalá-Zamora aprovechó la crisis para disolver las Cortes en enero de 1936 y convocar elecciones para el 16 de febrero, en la expectativa de que ningún bloque lograra mayoría suficiente y su papel arbitral se reforzara. El cálculo resultó errado.
Economía y conflictividad social (1933–1935)
La paralización de la reforma agraria agravó las condiciones del campesinado jornalero. En Extremadura y Andalucía proliferaron las ocupaciones ilegales de fincas, respondidas con desahucios masivos y presencia militar. Según datos del ministerio de Trabajo, en 1934 se declararon 1.047 huelgas en toda España, con más de 700.000 trabajadores implicados.
La política económica del bienio no fue en conjunto deflacionista —los presupuestos de Chapaprieta intentaron incluso una reforma fiscal—, pero la incertidumbre política y el clima de enfrentamiento social desincentivaron la inversión privada. La peseta sufrió presiones especulativas y la balanza comercial empeoró por la caída de los precios agrícolas en los mercados internacionales.
El papel de la CEDA y el debate sobre el fascismo
La naturaleza política de la CEDA ha sido uno de los debates más fecundos de la historiografía sobre la República. Paul Preston, en su biografía de Franco y en La destrucción de la democracia en España, la caracterizó como un partido de raíz fascistizante que utilizó la vía legal para subvertir la democracia —siguiendo el modelo de lo que llamó «el accidentalismo táctico»—. Richard Robinson, en cambio, en The Origins of Franco’s Spain (1970), defendió que la CEDA era un partido democristiano comparable a los partidos católicos alemán o italiano de los años veinte, que aceptaba la legalidad republicana.
La historiografía más reciente —con trabajos de Álvarez Tardío, Roberto Villa García y otros— ha matizado ambas posiciones, destacando la heterogeneidad interna de la CEDA y la influencia decisiva que en su deriva tuvieron tanto la radicalización socialista como la debilidad institucional de la República. El propio Gil-Robles nunca hizo una declaración inequívoca de adhesión al régimen republicano, y sus discursos con retórica de «Jefe», la movilización de masas en El Escorial en 1933 o su admiración declarada por Hitler y Dollfuss son elementos que los historiadores no han podido ignorar.
Las elecciones de febrero de 1936 y el fin del bienio
Los comicios del 16 de febrero de 1936 se celebraron en un clima de extraordinaria tensión. El Frente Popular —coalición de republicanos de izquierda, PSOE, PCE y POUM— obtuvo en torno al 47 % de los votos y, gracias al sistema electoral mayoritario, una mayoría más amplia en escaños (257 sobre 473). El Frente Nacional —CEDA, Renovación Española y carlistas— alcanzó el 46 % de los votos pero solo 132 escaños. La diferencia en votos fue estrecha; la diferencia en escaños, mucho mayor.
Alcalá-Zamora entregó el gobierno a Manuel Azaña esa misma noche, antes de conocerse los resultados definitivos, ante el temor a disturbios. Los historiadores Eduardo González Calleja y otros han documentado que en las horas siguientes varios generales —entre ellos Franco, que presionó al jefe del Estado Mayor para declarar el estado de guerra— intentaron sin éxito que el gobierno saliente anulara las elecciones. La conspiración militar que desembocaría en el golpe del 18 de julio comenzó, en la práctica, en la madrugada del 16 al 17 de febrero de 1936.
Balance historiográfico
El bienio conservador ocupa un lugar central en los debates sobre las responsabilidades de la quiebra democrática española. Para Niceto Alcalá-Zamora —quien lo vivió desde la presidencia de la República y dejó sus memorias como testimonio— el período fue una oportunidad perdida para construir una derecha republicana leal, frustrada por la intransigencia de la CEDA y la corrupción del Partido Radical.
Para Julián Casanova, el bienio demostró que la violencia no era monopolio de ningún bando: la revolución de octubre de 1934 fue un intento real de subvertir por la fuerza un gobierno legal, y la represión posterior fue desproporcionada y deliberadamente ejemplarizante. Ambos hechos, en su análisis, contribuyeron a hacer imposible la convivencia democrática.
Nigel Townson, en La República que no pudo ser (2002), ha ofrecido la rehabilitación más matizada del Partido Radical, arguyendo que Lerroux intentó genuinamente ser el partido centrista que España necesitaba, pero que fue incapaz de resistir las presiones de la CEDA por la izquierda y de los escándalos por dentro. Su tesis es que el fracaso del centro político fue tan determinante para el hundimiento de la República como la radicalización de los extremos.
