Del Frente Popular al intento de golpe de julio de 1936

Entre el 19 de febrero y el 18 de julio de 1936, el gobierno del Frente Popular intentó restaurar las reformas de la República mientras una conspiración militar, fraguada desde el mismo día en que se conocieron los resultados electorales, avanzaba hacia su desenlace inevitable.

Hay momentos en la historia que parecen que pasan años y años, pero que apenas duran unos meses. Y eso es lo que exactamente España vivió entre el 19 de febrero y el 18 de julio de 1936. Fueron cinco escasos meses en los que dio tiempo a amnistiar presos, reabrir viejas heridas, intentar gobernar, conspirar, disparar, matar y preparar una guerra.

Cuando Manuel Azaña formó gobierno tras la victoria electoral del Frente Popular, la República todavía era una democracia. Una democracia tensa, discutida y zarandeada, pero democracia al fin y al cabo. El problema era que buena parte de quienes debían sostenerla ya habían dejado de creer en ella, y otros estaban convencidos de que no podía sobrevivir.

Mientras el gobierno intentaba recuperar la normalidad institucional, devolver a sus puestos a los represaliados de Octubre de 1934 y retomar algunas de las reformas paralizadas durante el Bienio Conservador, la vida política se fue convirtiendo en una olla a presión. Las derechas denunciaban que España caminaba hacia la revolución; las izquierdas más radicales consideraban que los cambios avanzaban con desesperante lentitud; y en medio, una República cada vez más desgastada trataba de mantenerse en pie.

A la tensión política se sumó una violencia creciente que llenó titulares y alimentó discursos apocalípticos. Cada atentado, cada enfrentamiento callejero y cada entierro se convertían en un argumento para quienes afirmaban que el sistema había fracasado. Mientras tanto, lejos de los focos y de los discursos parlamentarios, en despachos, casinos militares y cuarteles, una conspiración avanzaba paso a paso. Por tanto, el golpe no nació tras el asesinato de Calvo Sotelo ni fue una reacción improvisada al desorden público. Llevaba meses, años, organizándose y tenía uno de sus principales centros de operaciones en Pamplona, donde el general Emilio Mola coordinaba los preparativos de la futura sublevación.

Durante aquellos cinco meses convivieron dos realidades paralelas. Una era la de un gobierno que intentaba gobernar. La otra, la de quienes ya estaban preparando la forma de derribarlo. El choque entre ambas acabaría llegando en la madrugada del 17 al 18 de julio de 1936, cuando los militares sublevados pusieron en marcha un golpe de Estado que no logró imponerse de inmediato y terminó convirtiéndose en una guerra civil.

Lo que ocurrió entre febrero y julio de 1936 no fue el prólogo inevitable de la guerra, pero sí el escenario donde se concentraron todas las tensiones acumuladas durante la Segunda República. Fueron apenas cinco meses. Suficientes para cambiar la historia de España durante generaciones.

El Gobierno Azaña

Un ejecutivo sin el partido más votado

La primera medida adoptada fue también la más esperada y simbólica: la aprobación de una amnistía general para los condenados por los sucesos de octubre de 1934. En pocos días, más de treinta mil presos políticos recuperaron la libertad, entre ellos el presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Al mismo tiempo, se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, suspendido tras la insurrección de 1934. Para muchos, aquellas decisiones simbolizaban una etapa de reconciliación y retorno a la legalidad republicana; para otros, eran la señal de que el nuevo rumbo político abría heridas que todavía estaban lejos de cerrarse.

Las reformas del primer trimestre

La crisis presidencial

La destitución de Alcalá-Zamora y el ascenso de Azaña a la Jefatura del Estado

El 7 de abril de 1936 cayó una de las piezas más importantes del régimen republicano, el presidente de la República. No fue un golpe de Estado, ni una dimisión, ni una revolución. Fue una votación parlamentaria. Ese día, las Cortes destituyeron al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, utilizando un mecanismo previsto en la propia Constitución de 1931.

La cuestión giraba en torno a la disolución de las Cortes decretada en diciembre de 1935. La Constitución establecía que, tras una segunda disolución parlamentaria, las nuevas Cortes podían examinar si aquella decisión había estado justificada. Y la mayoría surgida de las elecciones de febrero de 1936 tenía una respuesta clara: no lo había estado.

La votación fue ajustada solo en apariencia. Se necesitaban 238 votos para declarar improcedente la disolución y exactamente 238 diputados levantaron la mano. Con ello, Alcalá-Zamora quedó automáticamente destituido de la jefatura del Estado.

Pero detrás de la argumentación jurídica existían razones políticas mucho más profundas. Durante los años anteriores, Alcalá-Zamora había ejercido una presidencia especialmente activa. Había intervenido en la formación de gobiernos, había utilizado sus prerrogativas constitucionales para influir en la vida política y había intentado desempeñar el papel de árbitro entre las distintas fuerzas republicanas. Aquella actitud le había proporcionado enemigos tanto en la derecha como en la izquierda.

Para los dirigentes del Frente Popular, especialmente Manuel Azaña e Indalecio Prieto, el presidente se había convertido en un obstáculo. Consideraban que sus decisiones habían dificultado soluciones parlamentarias viables y que su interpretación de las funciones presidenciales había excedido el papel que debía desempeñar el jefe del Estado en una democracia parlamentaria.

La destitución dejaba vacante la presidencia de la República en uno de los momentos más delicados de toda la historia republicana. Apenas un mes después, el 10 de mayo de 1936, Manuel Azaña sería elegido para ocupar el cargo. Santiago Casares Quiroga pasaría entonces a presidir el Gobierno.

Era halagador para él obtener una revancha completa ocupando el puesto de su enemigo vencido y destituido. ¡Todos tenemos nuestras debilidades!

— Francisco Largo Caballero, sobre los motivos de Azaña para destituir a Alcalá-Zamora

Tras una breve presidencia interina de Diego Martínez Barrio, el 10 de mayo de 1936 una asamblea de compromisarios elegía a Azaña como nuevo presidente de la República con 754 de los 847 votos. Azaña prometió el cargo al día siguiente y trasladó su residencia al palacio de La Quinta del Pardo. En su lugar, al frente del ejecutivo dejó a Santiago Casares Quiroga, dirigente de Izquierda Republicana, que formaría el gobierno que habría de enfrentarse al golpe de julio.

El relevo presidencial dejaba al Frente Popular sin su figura política más capaz en la presidencia del Consejo de Ministros, cargo con poder ejecutivo real, y colocaba en ese puesto a un hombre de salud frágil y escasa talla política, cuya designación respondía más a las urgencias internas del partido de Azaña que a la gravedad del momento.

La primavera de la tensión

Violencia política y fractura social

La primavera de 1936 estuvo marcada por una escalada de violencia política que ningún relato riguroso puede pasar por alto. Huelgas, enfrentamientos callejeros entre falangistas y organizaciones obreras, ataques a edificios religiosos, atentados y asesinatos políticos fueron alimentando un clima de creciente tensión. Entre marzo y julio, el deterioro del orden público avanzó con rapidez y convirtió la vida política española en un escenario cada vez más crispado e inestable.

Mientras la tensión se adueñaba de las calles, el gobierno de Santiago Casares Quiroga trataba de recuperar el programa reformista del primer bienio republicano. Sin embargo, su principal desafío no estuvo tanto en las reformas como en la incapacidad para controlar una situación que se deterioraba día tras día. Así pues, el gran problema del Ejecutivo fue, precisamente, el mantenimiento del orden público.

Violencia sociopolítica en España

16 de febrero – 17 de julio de 1936

Indicador	Cifra aproximada
Víctimas mortales por violencia sociopolítica	384
Heridos	Más de 1.000
Duración del periodo analizado	152 días
Promedio de fallecidos por día	2,3 – 2,5
Principales focos de conflictividad	Madrid, Andalucía, Extremadura, Asturias y Castilla la Nueva

¿Qué incluye esta cifra?

• Atentados políticos de extrema derecha y extrema izquierda.
• Enfrentamientos entre militantes políticos.
• Conflictos agrarios y huelgas con resultado de muerte.
• Actuaciones de las fuerzas de orden público.
• Disturbios y episodios de violencia sociopolítica.

Fuente: Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015. Las cifras corresponden al periodo comprendido entre las elecciones del 16 de febrero de 1936 y el inicio de la sublevación militar del 17-18 de julio de 1936.

Víctimas mortales de la violencia sociopolítica

16 de febrero – 17 de julio de 1936

Adscripción de las víctimas	Número	Porcentaje
Víctimas de izquierdas	178	46,4 %
Víctimas de derechas	121	31,5 %
Fuerzas de orden público	27	7,0 %
Sin identificar o indeterminadas	58	15,1 %
TOTAL	384	100 %

Interpretación de los datos

• La categoría refleja la adscripción política o social de las víctimas, no la de los autores de la violencia.
• Las cifras incluyen enfrentamientos políticos, conflictos sociales, atentados, disturbios y actuaciones de las fuerzas de orden público.
• La violencia afectó a todos los sectores políticos y sociales durante la primavera de 1936.

Fuente: Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015. Datos correspondientes al periodo comprendido entre las elecciones del 16 de febrero de 1936 y el inicio de la sublevación militar del 17-18 de julio de 1936.

La conspiración

El «Director» desde Pamplona: el general Mola teje la red

Desde enero de 1936 se discutían propuestas de sublevación en reuniones militares, pero no fue hasta la última decena de abril cuando al frente de los trabajos conspirativos se colocó la figura que los haría culminar: el general Emilio Mola, desde su puesto de gobernador militar de Pamplona. La ironía es palpable: el gobierno lo había enviado precisamente allí para alejarlo del centro del poder.

Entre abril y julio de 1936, Mola montó un dispositivo de sublevación simultánea en todas las guarniciones donde se conseguía la adhesión. La acción contaría con el apoyo civil y paramilitar de carlistas y falangistas, sin que el elemento militar perdiera nunca la función directiva. Los apoyos económicos procedían de monárquicos y hombres de negocios como Juan March.

Desde enero de 1936 se discutían propuestas de sublevación en reuniones militares, pero no fue hasta la última decena de abril cuando al frente de los trabajos conspirativos se colocó la figura que los haría culminar: el general Emilio Mola, desde su puesto de gobernador militar de Pamplona. La ironía es palpable: el gobierno lo había enviado precisamente allí para alejarlo del centro del poder.

El 17 y 18 de julio

El golpe que no fue: entre el fracaso parcial y la guerra total

La sublevación comenzó en el Protectorado de Marruecos la tarde-noche del 17 de julio de 1936. Al día siguiente se extendía a la Península. Lo que ocurrió el 18 de julio no era una simple agitación cuartelera, sino un verdadero golpe de Estado militar orquestado por Mola y apoyado por las fuerzas de los conservadores y los falangistas.

El presidente del gobierno en funciones, Casares Quiroga, renunció al desempeño de su cargo de forma inmediata. Azaña encargó entonces a Diego Martínez Barrio formar un gobierno de conciliación que ofreciera negociar con los sublevados. Fracasado el intento, José Giral asumió la presidencia del Consejo y tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia: entregar armas a los partidos y sindicatos obreros.

Con el pueblo armado, el golpe de Estado fallido se transformaba en guerra civil.

El Frente Popular y las Elecciones de Febrero de 1936

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