El Bienio Progresista (1931–1933)
Dos años de reformas audaces, resistencias profundas y la fragilidad de una democracia naciente
Entre abril de 1931 y noviembre de 1933, la coalición republicano-socialista que gobernó España emprendió el programa reformista más ambicioso de su historia contemporánea. Lo que la historiografía denomina «Bienio Progresista» o «Bienio Reformista» fue, a la vez, una promesa de modernización y el escenario donde se gestaron las tensiones que desembocarían en la Guerra Civil.
El contexto: el 14 de abril y la herencia recibida
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 no fue el resultado de una revolución armada, sino de una crisis de legitimidad de la monarquía alfonsina. Las elecciones municipales del 12 de abril, que los republicanos ganaron en las principales ciudades, actuaron como plebiscito implícito. Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar formalmente, y un Gobierno Provisional tomó el poder de forma pacífica.
La República heredaba una España con una tasa de analfabetismo cercana al 44 % (según el censo de 1930), una estructura agraria profundamente desigual —especialmente en Andalucía y Extremadura, donde latifundistas controlaban extensiones ingentes—, un ejército sobredimensionado con más oficiales que en el ejército francés, y una Iglesia Católica estrechamente vinculada al poder político y a la enseñanza privada.
La Constitución de 1931: el marco del cambio
Aprobada el 9 de diciembre de 1931, la Constitución republicana fue una de las más avanzadas de Europa en su momento. Entre sus disposiciones más relevantes destacan: el sufragio universal, incluido el femenino (art. 36), la separación del Estado y la Iglesia (art. 26), el divorcio, la posibilidad de autonomías regionales, la educación laica y la equiparación legal de hijos legítimos e ilegítimos.
El artículo 26, que disolvía la Compañía de Jesús y nacionalizaba sus bienes, generó una fractura inmediata en la coalición gobernante: Alcalá-Zamora y Miguel Maura dimitieron del Gobierno Provisional por considerarlo un ataque a la libertad religiosa. Fue el primer signo de la fragilidad interna del proyecto reformista.
«Gobernar es crear escuelas.»— Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros (1931–1933)
Las grandes reformas del bienio
Reforma Agraria
Ley de Bases de la Reforma Agraria (septiembre 1932). Preveía la expropiación de latifundios y el asentamiento de campesinos. La lentitud de su aplicación —apenas 12.000 familias asentadas en dos años— frustró las expectativas del campesinado.
Reforma Militar
Azaña redujo el número de oficiales mediante jubilaciones voluntarias con sueldo íntegro («la ley del retiro»). Se suprimieron capitanías generales, academias y se reorganizaron los cuerpos. La medida generó resentimiento en parte del ejército.
Educación Laica
Se proyectó la creación de 27.000 escuelas públicas en cinco años para eliminar la enseñanza religiosa. Aunque no se alcanzó el objetivo completo, se construyeron más de 10.000 escuelas entre 1931 y 1933, la mayor expansión educativa de la historia española hasta entonces.
Estatuto de Cataluña
Aprobado en septiembre de 1932 tras el frustrado golpe del general Sanjurjo. Estableció la Generalitat como gobierno autónomo y reconoció el catalán como lengua cooficial. Fue el primer estatuto de autonomía aprobado en España.
Reforma Laboral
El ministro Francisco Largo Caballero impulsó la legislación laboral más extensa del período: jornada de ocho horas en el campo, seguros de accidentes, Jurados Mixtos para arbitrar conflictos laborales y extensión de los contratos colectivos.
Derechos de la mujer
Además del sufragio activo y pasivo, se aprobó el matrimonio civil, el divorcio por mutuo acuerdo (ley de 1932) y la equiparación jurídica de la mujer en el matrimonio. Clara Campoamor fue la principal defensora del voto femenino en las Cortes.
Las resistencias y los conflictos sociales
El bienio estuvo marcado por una conflictividad social sin precedentes. La CNT (Confederación Nacional del Trabajo), anarcosindicalista, rechazó la legislación laboral republicana por considerarla un instrumento de control estatal. Entre 1931 y 1933 se produjeron numerosas huelgas generales y alzamientos libertarios locales.
El episodio más trágico fue la matanza de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933. Guardias de Asalto y la Guardia Civil sofocaron un levantamiento anarquista con una brutalidad desproporcionada: al menos 22 campesinos murieron, varios de ellos quemados vivos en una choza. El caso dañó gravemente la imagen de Azaña, a quien los socialistas y la oposición acusaron de haber dado órdenes de «tiros a la barriga» —acusación que Azaña negó siempre y que los historiadores no han podido confirmar con documentación directa.
Desde la derecha, el levantamiento del general Sanjurjo en agosto de 1932 («la Sanjurjada») fue el primer intento de golpe de Estado contra la República. Fracasó por su escaso apoyo militar, pero reveló que sectores del ejército no aceptaban el nuevo régimen. Sanjurjo fue juzgado, condenado a muerte y finalmente indultado.
La cuestión religiosa: el principal frente de conflicto
La política religiosa fue quizás el aspecto más controvertido del bienio. La quema de conventos en mayo de 1931 —que el Gobierno tardó en reprimir, con daños en más de cien edificios eclesiásticos en Madrid, Sevilla, Málaga y otras ciudades— precedió a la ofensiva legislativa anticlerical de las Cortes.
Las medidas adoptadas —supresión del presupuesto de culto y clero, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas a partir de 1933, matrimonio civil obligatorio, secularización de cementerios— movilizaron a amplios sectores católicos que hasta entonces no eran hostiles a la República. El cardenal primado Pedro Segura, expulsado por el gobierno en 1931 por sus pastorales monárquicas, se convirtió en símbolo de esa confrontación.
Economía y crisis internacional
El bienio coincidió con la Gran Depresión, aunque España, con una economía relativamente autárquica y escasa industrialización, sufrió sus efectos de forma amortiguada respecto a otros países europeos. Sin embargo, la caída de los precios agrícolas agravó el paro rural en el sur, que el Instituto de Reforma Agraria no pudo absorber.
El paro obrero creció de unos 400.000 desempleados en 1931 a más de 600.000 en 1933. La política de obras públicas —con Indalecio Prieto como ministro de Fomento— intentó mitigar el problema, pero los recursos presupuestarios eran insuficientes para el alcance de la crisis social.
El fin del bienio: las elecciones de noviembre de 1933
La coalición republicano-socialista se rompió progresivamente a lo largo de 1933. El PSOE, bajo la influencia creciente de Largo Caballero —quien adoptó un discurso cada vez más radical—, retiró su apoyo al gobierno de Azaña. Alcalá-Zamora, presidente de la República, utilizó sus prerrogativas constitucionales para disolver las Cortes en septiembre de 1933 y convocar nuevas elecciones.
Los comicios del 19 de noviembre de 1933 representaron un vuelco histórico. La derecha se presentó unida bajo la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil-Robles, y obtuvo 115 escaños. El Partido Radical de Alejandro Lerroux, de centro-derecha, consiguió 102. La izquierda, dividida y desmovilizada, fue derrotada. Comenzaba el llamado «Bienio Negro» o «Bienio Radical-Cedista».
Hay que señalar que fue la primera vez que las mujeres votaron en unas elecciones legislativas en España, y la derecha supo movilizar mejor ese electorado femenino —en parte a través de las redes de acción católica— que la izquierda, que paradójicamente había dudado del sufragio femenino por este mismo temor.
Balance historiográfico
Los historiadores han debatido extensamente si el fracaso del bienio fue inevitable. Santos Juliá ha subrayado que las reformas fueron reales y profundas, pero que el Gobierno no supo gestionar los tiempos políticos ni construir alianzas más amplias. Paul Preston ha destacado cómo la resistencia de las élites económicas y terratenientes, junto al boicot de los grandes propietarios a la reforma agraria, bloqueó estructuralmente las transformaciones más urgentes.
Desde otra perspectiva, Gabriele Ranzato y Stanley Payne han señalado los excesos anticlericales y la radicalización obrerista como factores que alienaron a sectores de clase media potencialmente republicanos. Para Julián Casanova, la conflictividad social del período refleja no tanto el fracaso de la política reformista como la profundidad de los desequilibrios estructurales de la sociedad española, imposibles de resolver en tan corto plazo.
Lo que sí concita consenso es que el bienio progresista transformó de manera irreversible el horizonte de expectativas de millones de españoles —campesinos sin tierra, mujeres sin derechos, maestros, obreros— y que la violenta interrupción de esas reformas, primero por la vía electoral y luego por la militar, está en la raíz del conflicto de 1936.
