En 1895, cuando ya hacía más de setenta años que la práctica totalidad de la América continental española se había independizado, el mapa del imperio se reducía a tres territorios: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tres islas —o archipiélagos— muy distintos entre sí, separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma condición jurídica: seguían siendo, con distintos matices, posesiones directas de la Corona española.
¿Cómo es posible que, mientras México, Perú o Argentina se emancipaban entre 1810 y 1824, estos tres territorios permanecieran bajo soberanía española casi un siglo más? Y sobre todo: ¿qué España gobernaba realmente allí en vísperas del conflicto que acabaría con todo? Antes de contar la guerra colonial, conviene entender el terreno —literal y figurado— sobre el que estalló.
¿Qué ocurrió?
A finales del siglo XIX, Cuba, Puerto Rico y Filipinas compartían la etiqueta de «provincias de ultramar», pero su realidad económica, social y administrativa era muy diferente.
Cuba era, con diferencia, la posesión más valiosa. La isla se había convertido en el primer productor mundial de azúcar de caña, gracias a una economía de plantación que combinaba ingenios cada vez más mecanizados con mano de obra que, tras la abolición definitiva de la esclavitud en 1886, pasó a basarse en el trabajo asalariado y en formas de dependencia como el colonato. Junto al azúcar, el tabaco —con Cuba como referencia mundial de calidad— y en menor medida el café completaban una economía volcada hacia la exportación, muy dependiente del mercado estadounidense, que ya a finales de siglo absorbía la mayor parte de las ventas cubanas. La sociedad cubana estaba profundamente estratificada: una élite de grandes hacendados (parte de ella integrada o vinculada a la burguesía peninsular), una clase media urbana en expansión, y una amplia población trabajadora, rural y urbana, en la que confluían antiguos esclavos liberados, campesinos blancos y una importante colonia de inmigrantes peninsulares.
Puerto Rico, más pequeña y con un peso económico menor, vivía también de una agricultura de exportación —azúcar, café y tabaco— pero con una estructura social algo menos polarizada que la cubana y con un movimiento autonomista más moderado, aunque no por ello menos activo: en 1897 llegó a arrancar a Madrid una Carta Autonómica propia.
Filipinas, al otro lado del planeta, era un caso aparte. Administrada desde Manila pero enlazada durante siglos con el virreinato de Nueva España a través del Galeón de Manila (una ruta comercial que unió Asia con América hasta 1815), la colonia asiática tenía una economía basada en el tabaco, el cáñamo de Manila (abacá) y el azúcar, y una sociedad en la que el poder efectivo estaba muy repartido entre la administración colonial, un clero regular —las órdenes religiosas— con enorme influencia sobre la tierra y la población, y una clase de propietarios y profesionales filipinos, los llamados ilustrados, cada vez más formada, a menudo en Europa, y cada vez más crítica con el orden colonial.
En los tres territorios, además, España mantenía guarniciones militares permanentes, y en los tres existían ya, en 1895, movimientos organizados que reclamaban desde mayor autonomía hasta la independencia plena.
¿Por qué ocurrió?
La pregunta de fondo no es solo qué eran estos territorios, sino por qué España los conservó cuando perdió todo lo demás. Los historiadores han señalado varios factores que se combinan:
Una cuestión de rentabilidad y de identidad nacional. A diferencia de los virreinatos continentales, gobernados por élites criollas con intereses propios y territorios extensos difíciles de controlar militarmente, Cuba y Puerto Rico eran economías de plantación estrechamente integradas en los circuitos comerciales peninsulares y catalanes en particular. Cuba, sobre todo, generaba una riqueza considerable —azúcar, tabaco, además de los ingresos derivados del comercio y, hasta 1820, de la trata de esclavos— que convertía a la isla en lo que la historiografía ha denominado «la isla siempre fiel», tanto por su lealtad política real (una parte importante de las élites cubanas prefería seguir bajo España antes que arriesgarse a una independencia que pusiera en cuestión el orden esclavista, como había ocurrido en Haití) como por su valor simbólico y económico. El historiador Josep M. Fradera ha explicado esta continuidad colonial en clave de reformulación: tras perder el imperio continental, España no abandonó el proyecto imperial, sino que lo concentró y reforzó en estos territorios, dotándolos de un régimen especial —los «gobiernos especiales»— que, en la práctica, restringía sus derechos políticos respecto a las provincias peninsulares.
Filipinas, por su parte, sobrevivió como posesión española casi por inercia geográfica y por su papel misional y estratégico en Asia, sin el peso demográfico de una élite criolla comparable a la americana capaz de liderar tempranamente un proceso emancipador. Solo en las últimas décadas del XIX, con la expansión de una educación colonial que —paradójicamente— formó a los futuros líderes del nacionalismo filipino, empezó a fraguarse allí un movimiento equivalente.
La resistencia al cambio del modelo colonial. Madrid ensayó fórmulas de integración —diputados cubanos y puertorriqueños llegaron a sentarse en las Cortes españolas en distintos periodos del siglo XIX— pero de forma intermitente y siempre por debajo de las expectativas de las élites criollas, que reclamaban una representación plena o una autonomía real. La Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) y la Guerra Chiquita (1879-1880) ya habían mostrado que el modelo colonial generaba un descontento profundo; la Paz de Zanjón de 1878 prometió reformas —entre ellas la abolición progresiva de la esclavitud— que se cumplieron solo parcialmente y con años de retraso, dejando insatisfechas las aspiraciones autonomistas de buena parte de la sociedad cubana.
El auge de los nacionalismos y la cuestión racial y social. Tanto en Cuba como en Filipinas emergió, en las últimas décadas del siglo, una conciencia nacional propia, alimentada por intelectuales formados en Europa o Estados Unidos —José Martí en el caso cubano, José Rizal en el filipino— que articularon un discurso de identidad nacional diferenciado del español. En Cuba, este proceso se entrelazó además con la cuestión racial: la movilización política incorporó de forma creciente a la población afrocubana, algo que las autoridades coloniales miraban con especial recelo.
¿Qué consecuencias tuvo?
En 1895, esta combinación de factores —una economía de plantación tensionada, unas élites coloniales con aspiraciones políticas insatisfechas, unos movimientos nacionalistas cada vez más organizados y un modelo de gobierno colonial que apenas había evolucionado— configuraba un terreno abonado para el conflicto. Cuba, en particular, ya había vivido una guerra larga y traumática apenas quince años atrás, y las reformas prometidas en Zanjón seguían, en buena medida, pendientes.
A esto se sumaba un actor exterior cuyo peso crecía año a año: Estados Unidos, cuyo mercado ya era el principal destino del azúcar cubano y cuyos intereses económicos y estratégicos en el Caribe —y, más adelante, en el Pacífico— empezaban a chocar abiertamente con la pervivencia del dominio español.
Ese es exactamente el escenario en el que, en febrero de 1895, estalla en Cuba un nuevo levantamiento independentista que, a diferencia de los anteriores, no se resolverá con una nueva paz negociada, sino que arrastrará a España a la pérdida definitiva de sus últimas colonias. De ese estallido —y de su réplica filipina un año después— hablaremos en la próxima entrega.
Glosario
- Provincias de ultramar: denominación jurídica que España daba a sus territorios coloniales en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en teoría equiparados a las provincias peninsulares, aunque en la práctica sometidos a un régimen administrativo diferenciado.
- Ingenio: instalación agroindustrial dedicada al cultivo y procesado de la caña de azúcar, unidad básica de la economía de plantación cubana.
- Colonato: sistema de trabajo agrícola surgido tras la abolición de la esclavitud, por el cual campesinos —a menudo antiguos esclavos— cultivaban caña de azúcar en tierras de un ingenio a cambio de una parte de la cosecha o un salario.
- Criollo: en el contexto colonial hispanoamericano, persona de ascendencia española nacida en América (o, por extensión, en Filipinas), distinguida jurídica y socialmente de los peninsulares.
- Ilustrados (filipinos): generación de intelectuales y profesionales filipinos formados, muchas veces en Europa, durante la segunda mitad del XIX, que desarrolló un pensamiento reformista y, después, nacionalista.
- Gobiernos especiales: régimen jurídico-administrativo aplicado por España a Cuba, Puerto Rico y Filipinas desde 1837, que los excluía de la aplicación plena de la Constitución y los sometía a leyes especiales aprobadas por las Cortes.
- Carta Autonómica: régimen de autogobierno concedido por España a Cuba y Puerto Rico en 1897, que otorgaba a ambas islas un parlamento propio con competencias limitadas.
