Como explica el historiador Jordi Nadal, la industrialización española fue tardía, limitada y profundamente desigual, dando lugar a que mientras algunas regiones avanzaban hacia una economía industrial, buena parte del país continuaba dependiendo de una agricultura poco productiva.
Esta desigualdad no fue únicamente económica, sino también social y territorial. Las cuales se reflejaban, por ejemplo, cuando muchos jóvenes gallegos y asturianos de finales del siglo XIX se veían obligados a elegir entre tres caminos: quedarse en su aldea y sobrevivir con una parcela demasiado pequeña, marcharse a Barcelona o Bilbao para trabajar en una fábrica o embarcarse hacia América en busca de una vida mejor.
La suma de todas esas decisiones transformó profundamente el país. El campo comenzó a perder población, las ciudades industriales crecieron con rapidez y la emigración hacia América se convirtió en una salida habitual para miles de familias. España no solo estaba cambiando su economía; también estaba modificando la forma en que se organizaba la sociedad.
La prueba más clara fue la desaparición progresiva de la antigua división entre nobleza, clero y pueblo llano. En su lugar surgió una sociedad de clases, en la que la posición social dependía cada vez menos del nacimiento y más de la riqueza, las propiedades y la ocupación. Comprender esta transformación es fundamental para explicar el ascenso de la burguesía, la expansión del proletariado y el aumento de los conflictos sociales durante la Restauración.
La población española durante la Restauración
Un crecimiento demográfico lento, pero continuo
Entre 1877 y 1920, la población española pasó de unos 16,6 millones a superar los 21 millones de habitantes. España se encontraba todavía en una fase inicial de la transición demográfica: la natalidad seguía siendo alta, mientras que la mortalidad, aunque también elevada, comenzaba a descender progresivamente.
Por tanto, la clave del crecimiento demográfico está, en realidad, en la mortalidad. Esta seguía siendo alta, especialmente la infantil, con cifras muy elevadas para los estándares actuales, pero empezó a descender de forma progresiva.
Un descenso que se explica por varias vías concretas. Por un lado, la práctica desaparición de las grandes crisis de mortalidad catastrófica —las hambrunas generalizadas se volvieron mucho más raras gracias a la mejora de los transportes, especialmente el ferrocarril, que permitía llevar grano de una región a otra en caso de mala cosecha local, algo impensable décadas atrás— y de las grandes epidemias periódicas, como el cólera, cuya frecuencia y letalidad se redujeron gracias a mejoras en el saneamiento urbano (alcantarillado, suministro de agua) y a avances médicos como la extensión de la vacunación antivariólica. Por otro, la extensión de nociones básicas de higiene pública, hospitales y una incipiente sanidad municipal, sobre todo en las ciudades más dinámicas, aunque todavía lejos de la medicina del siglo XX.
Conviene matizar, como señala Nicolás Sánchez-Albornoz, gran especialista en demografía histórica española, que este proceso no fue uniforme en todo el país: Cataluña y algunas zonas urbanas iniciaron antes este descenso de la mortalidad, mientras que amplias zonas rurales del interior y del sur mantuvieron cifras de mortalidad infantil muy altas hasta bien entrado el siglo XX. España vivía, así, una transición demográfica a distintas velocidades según la región, igual que ocurría con la industrialización.
Del campo a la ciudad: el éxodo rural
El crecimiento de la población no se distribuyó de forma uniforme por España. Mientras numerosas zonas rurales permanecían estancadas o comenzaban a perder habitantes, ciudades como Barcelona, Bilbao y, en menor medida, Madrid crecieron con rapidez gracias a la llegada de trabajadores procedentes del campo.
La principal causa de este éxodo rural fue la falta de oportunidades en muchas áreas agrícolas. En el norte, el minifundismo obligaba a numerosas familias a subsistir con parcelas demasiado pequeñas. En el sur, el predominio de los latifundios dejaba a miles de jornaleros sin tierra propia y dependientes de trabajos temporales, escasos e inseguros.
Frente a esta situación, las ciudades industriales ofrecían la posibilidad de conseguir un salario en las fábricas, las minas, la construcción o los servicios. Sin embargo, emigrar a la ciudad no significaba necesariamente mejorar las condiciones de vida. Muchos trabajadores se instalaron en barrios populares próximos a las fábricas o en viviendas antiguas y subdivididas. Allí eran frecuentes el hacinamiento, los realquileres, la falta de ventilación y las deficiencias de alcantarillado, agua potable e higiene. La llegada continua de población agravó unos problemas urbanos que las autoridades municipales tardaron décadas en afrontar.
Este desplazamiento dio lugar a una transformación profundamente del mapa humano de España. El campo perdió población, las ciudades industriales crecieron y en ellas se concentró un proletariado urbano cada vez más numeroso, que acabaría desempeñando un papel fundamental en la conflictividad social de la Restauración.
La emigración hacia América
Para quienes no encontraban oportunidades ni en el campo ni en las ciudades españolas, quedaba una tercera salida: emigrar al extranjero. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, miles de gallegos, asturianos y canarios embarcaron hacia Argentina, Cuba, Uruguay y otros países de América Latina.
«Hacer las Américas» se convirtió en una esperanza para numerosas familias que buscaban escapar de la pobreza, encontrar trabajo o reunir dinero para regresar algún día a su lugar de origen. La emigración exterior actuó así como una válvula de escape ante la incapacidad de la economía española para ofrecer empleo y mejores condiciones de vida a toda su población.
La sociedad de clases en la España de la Restauración
Los cambios demográficos, el éxodo rural, el crecimiento de las ciudades y la industrialización no solo modificaron el lugar donde vivían los españoles. También transformaron la forma en que se organizaba la sociedad. La antigua sociedad estamental, en la que la posición de cada persona dependía principalmente de su nacimiento, fue dejando paso a una sociedad de clases, basada cada vez más en la riqueza, la propiedad y la ocupación.
En la sociedad del siglo XIX ya no resulta adecuado hablar de una pirámide estamental cerrada, sino de una sociedad de clases más compleja y, al menos en teoría, abierta. La posición social no dependía únicamente del nacimiento, sino también de la riqueza, la propiedad, la profesión y la capacidad de influir en la vida económica y política.
Entre los grupos dominantes se encontraba, en primer lugar, la vieja aristocracia terrateniente. Aunque había perdido sus privilegios jurídicos del Antiguo Régimen, conservaba una enorme influencia gracias a la propiedad de la tierra, sus vínculos con la monarquía y su participación en las redes caciquiles. Junto a ella fue ganando importancia una nueva burguesía vinculada a la industrialización, las finanzas y el comercio: empresarios textiles catalanes, navieros y siderúrgicos vascos, banqueros y grandes comerciantes.
Ambos grupos compartían riqueza y acceso al poder, pero no siempre defendían los mismos intereses. La aristocracia terrateniente dependía sobre todo de las rentas agrarias, mientras que la burguesía industrial reclamaba infraestructuras, expansión de los negocios y protección frente a la competencia exterior. De ahí surgieron tensiones en torno a la política económica, especialmente entre los sectores que defendían el proteccionismo y aquellos más favorables al librecambio. A pesar de estas diferencias, aristocracia y burguesía acabaron estrechamente vinculadas y formaron una élite económica y política integrada en el sistema de la Restauración.
Entre estos grupos acomodados y las clases trabajadoras se situaban unas clases medias todavía reducidas en comparación con las de otros países europeos. Estaban formadas por funcionarios, militares, médicos, abogados, maestros, pequeños comerciantes y propietarios agrícolas medianos. Su peso fue aumentando, sobre todo en las ciudades, pero continuaban siendo un grupo poco numeroso y, en muchos casos, dependiente del Estado, lo que limitó su capacidad para impulsar por sí solo una transformación política profunda.
La mayor parte de la población pertenecía a las clases populares. En las ciudades industriales se desarrolló un proletariado urbano formado por obreros de fábricas, minas, talleres, puertos y ferrocarriles. Se concentraba especialmente en Barcelona, Bilbao y las cuencas mineras asturianas, donde eran frecuentes las largas jornadas laborales, los bajos salarios y la ausencia de protección frente a los accidentes, la enfermedad o el desempleo.
Aun más numeroso era el conjunto de trabajadores del campo. En las zonas latifundistas del sur, miles de jornaleros carecían de tierra propia y dependían de empleos temporales ligados a las cosechas. Durante buena parte del año podían quedar sin trabajo y sin ingresos estables. En otras regiones, pequeños propietarios, arrendatarios y campesinos con explotaciones reducidas sobrevivían con grandes dificultades y, en muchos casos, endeudados.
Por tanto, la sociedad de la Restauración no estaba dividida en compartimentos jurídicos como la sociedad estamental, pero seguía siendo profundamente desigual. Existía cierta movilidad social, aunque en la práctica la propiedad, la riqueza y las relaciones políticas continuaban marcando grandes diferencias entre los distintos grupos.
La transformación de la sociedad española no se debió a una sola causa, sino a la combinación de varios cambios económicos, demográficos y políticos que avanzaron al mismo tiempo.
El primero fue la modernización, lenta y desigual, de la economía. La industria textil catalana, la siderurgia vasca, la minería y la expansión de los transportes crearon nuevos empleos y favorecieron el crecimiento de determinadas ciudades. Al mismo tiempo, la agricultura siguió siendo poco productiva en buena parte del país y no pudo absorber a toda la población rural.
A ello se sumó el crecimiento demográfico. La natalidad se mantuvo elevada, mientras que la mortalidad comenzó a descender de forma gradual. Esto provocó un aumento de la población y acentuó la presión sobre unas economías familiares que, en muchas zonas rurales, apenas podían garantizar la subsistencia.
La combinación de ambos procesos impulsó la movilidad de la población. Miles de personas abandonaron el campo y se dirigieron hacia los principales centros industriales o emigraron a América. Estos desplazamientos contribuyeron al crecimiento urbano, a la formación de un proletariado industrial y a la expansión de nuevos grupos medios vinculados a la administración, las profesiones liberales y el comercio.
La industrialización también favoreció la aparición de una burguesía empresarial y financiera que se sumó a la vieja aristocracia terrateniente dentro de los grupos dominantes. Aunque sus intereses no siempre coincidían, ambas terminaron estrechamente relacionadas con el poder político y económico de la Restauración.
Sin embargo, la sociedad cambió con mayor rapidez que el sistema político. El turnismo, el caciquismo y la manipulación electoral dificultaron la incorporación de las clases medias y de los trabajadores a la vida pública. De este modo, el crecimiento de una sociedad más urbana, diversa y organizada chocó con un régimen que seguía controlado por una minoría.
Esa falta de adaptación explica que las transformaciones sociales de la Restauración no condujeran a una integración política estable, sino al aumento de las tensiones y de la conflictividad que marcaron las primeras décadas del siglo XX.
Consecuencias de la nueva sociedad de clases durante la Restauración
La consecuencia más visible de estas transformaciones fue el aumento de la conflictividad social. Mientras la economía avanzaba lentamente hacia la industrialización y las ciudades concentraban un número creciente de trabajadores, el sistema político continuaba controlado por una minoría de propietarios, notables y caciques. La distancia entre una sociedad que cambiaba y un régimen político que trataba de mantener el orden tradicional generó tensiones cada vez más difíciles de contener.
En este contexto, los trabajadores comenzaron a organizarse para defender sus intereses y reclamar mejores salarios, jornadas laborales más cortas y unas condiciones de trabajo más seguras. En 1888 se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT), vinculada al socialismo y estrechamente relacionada con el PSOE. Más adelante, en 1910, nació en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de orientación anarcosindicalista. Su aparición demostraba que el proletariado ya no era únicamente un grupo social numeroso, sino también una fuerza organizada capaz de recurrir a la huelga y a la movilización colectiva.
La urbanización acelerada agravó estas tensiones. Las ciudades industriales crecieron más deprisa que sus infraestructuras y muchos trabajadores se instalaron en barrios levantados sin una planificación adecuada. Las viviendas eran pequeñas y estaban hacinadas, mientras que el acceso al agua potable, el alcantarillado y los servicios sanitarios continuaba siendo insuficiente. La precariedad laboral se combinaba, por tanto, con unas condiciones de vida igualmente difíciles.
La conflictividad también estuvo muy presente en el campo. En las regiones latifundistas del sur, los jornaleros sufrían largos periodos de desempleo y dependían de salarios estacionales. La ausencia de una reforma agraria profunda alimentó las protestas, las huelgas campesinas y la expansión del anarquismo, especialmente en Andalucía.
La formación de esta nueva sociedad de clases tuvo, además, consecuencias políticas. La burguesía industrial exigía medidas favorables a sus intereses económicos; las clases medias reclamaban una administración más moderna y una representación política efectiva; y los trabajadores cuestionaban un sistema que apenas atendía sus demandas. Sin embargo, el turnismo, el caciquismo y el fraude electoral dificultaron la integración de estos nuevos grupos en la vida política oficial.
De este modo, la sociedad surgida durante la Restauración se caracterizó por una contradicción cada vez más evidente: España se modernizaba económica y socialmente, pero su sistema político seguía dominado por una élite reducida. Esta falta de adaptación ayuda a explicar las huelgas, las movilizaciones obreras y campesinas y, en último término, la crisis progresiva del régimen durante las primeras décadas del siglo XX.
