La oposición al sistema de la Restauración: republicanos, obreros y nacionalistas

En una entrada anterior de esta serie explicamos cómo Cánovas del Castillo diseñó un sistema político —el de la Restauración (1874-1923)— basado en la alternancia pactada entre dos partidos, el turnismo, sostenido por el fraude electoral y el control de los votos rurales, el caciquismo. Aquel edificio, tan bien calculado sobre el papel, tenía una premisa incómoda: para que dos partidos se turnaran en el poder sin sobresaltos, había que dejar fuera a todos los demás. Y «todos los demás» eran, a finales del siglo XIX, la mayor parte de la sociedad española.

Esta entrada cuenta la historia de esa mayoría excluida: quiénes fueron, qué querían y por qué, con el paso de las décadas, acabaron convirtiéndose en la fuerza que resquebrajó el sistema desde dentro.

Las fuerzas políticas y sociales excluidas del turnismo canovista

La oposición al sistema de la Restauración no formaba un bloque homogéneo. Estaba integrada por corrientes muy diferentes, tanto por sus ideas como por sus objetivos, sus bases sociales y sus métodos de actuación. Algunas defendían el regreso a formas políticas anteriores, otras aspiraban a sustituir la monarquía por una república y otras planteaban una transformación profunda del orden social o una mayor autonomía para determinados territorios.

Durante las primeras décadas del régimen, estas fuerzas actuaron de forma fragmentada y rara vez colaboraron entre sí. Sus diferencias ideológicas dificultaron la creación de una alternativa común, pero no impidieron que cada una fuera ampliando progresivamente su influencia. El crecimiento urbano, la industrialización, la expansión de la prensa y la organización de nuevos grupos sociales favorecieron su desarrollo y aumentaron su presencia en la vida pública.

La oposición a la Restauración se articuló principalmente en torno a cuatro grandes corrientes: el carlismo, el republicanismo, el movimiento obrero —dividido entre socialismo y anarquismo— y los nacionalismos periféricos. Cada una cuestionó el sistema desde una posición distinta y propuso su propia respuesta a los problemas políticos y sociales de la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El carlismo: la oposición tradicionalista

El carlismo fue una de las principales fuerzas de oposición a la Restauración desde posiciones antiliberales y tradicionalistas. Tras su derrota en la Tercera Guerra Carlista en 1876, perdió la posibilidad de imponerse por las armas, pero no desapareció como movimiento político.

Los carlistas continuaron defendiendo los derechos dinásticos de Carlos de Borbón, conocido como Carlos VII, frente a la monarquía de Alfonso XII. Su programa se resumía en la defensa de la religión católica, la monarquía tradicional y los fueros, especialmente en Navarra y las provincias vascas.

A partir de 1876, el carlismo fue abandonando progresivamente la vía insurreccional y comenzó a participar en la vida política mediante periódicos, círculos tradicionalistas y candidaturas electorales. Sus principales apoyos se concentraron en Navarra, el País Vasco, Cataluña y algunas zonas de Aragón y Valencia.

Sin embargo, el movimiento sufrió importantes divisiones internas. En 1888, el sector más radical, dirigido por Ramón Nocedal, se separó y fundó el Partido Integrista. Pese a su debilitamiento, el carlismo mantuvo una presencia política y social significativa durante toda la Restauración y siguió representando una alternativa católica, tradicionalista y contraria al sistema liberal.

Mapa de España con las principales zonas de apoyo al carlismo durante la Restauración, concentradas en Navarra y las provincias vascas, y con focos secundarios en la Cataluña interior y rural, Aragón, el Maestrazgo y el norte valenciano.

El republicanismo: muchas voces, ningún coro

Los republicanos representaban la oposición desde la izquierda liberal, pero su historia durante la Restauración es, sobre todo, la historia de una fragmentación crónica. Como ha explicado el historiador Manuel Suárez Cortina, el republicanismo español nunca logró articularse como un partido único porque arrastraba divisiones ideológicas —federales, unitarios, posibilistas— y, sobre todo, personalismos en torno a líderes como Emilio Castelar, Nicolás Salmerón, Pi i Margall o, ya en el siglo XX, Alejandro Lerroux, fundador en 1908 del Partido Republicano Radical, con enorme arraigo popular en Barcelona. A su lado surgió el Partido Reformista de Melquíades Álvarez (1912), más moderado y europeísta.

El techo electoral de los republicanos fue siempre bajo: su mejor resultado, 47 diputados en 1893, se quedaba corto sobre un total de casi 400 escaños. Sin el respaldo obrero —que ya había encontrado casa en el socialismo y el anarquismo— ni el de las burguesías periféricas —que preferían apostar por sus propios nacionalismos—, el republicanismo quedó reducido a una fuerza testimonial hasta bien entrado el siglo XX.

El movimiento obrero: socialismo y anarquismo

Aquí se libró la batalla más decisiva. Con la llegada de la Restauración, las organizaciones obreras quedaron prohibidas en 1874, y solo la Ley de Asociaciones de 1887 les devolvió la legalidad. A partir de ahí, el movimiento obrero español, se significó por la dividisión en dos culturas políticas que apenas se entendieron entre sí.

El socialismo: organización política y sindical

El socialismo fue una de las principales corrientes del movimiento obrero durante la Restauración. Inspirado en el marxismo, defendía que la sociedad estaba dividida en clases y que los trabajadores debían organizarse para transformar el sistema capitalista. En 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por Pablo Iglesias, y en 1888 nació la Unión General de Trabajadores, vinculada al partido.

A diferencia del anarquismo, los socialistas no rechazaban por completo la participación política. Consideraban necesario crear un partido obrero, presentarse a las elecciones y utilizar las instituciones para defender los intereses de los trabajadores. Su estrategia combinó, por tanto, la lucha sindical, la organización política y la reivindicación de reformas laborales, aunque mantuvo como objetivo final la construcción de una sociedad socialista.

Durante sus primeras décadas, el socialismo tuvo una implantación limitada, concentrada especialmente en Madrid, Asturias y Vizcaya. Sin embargo, la estabilidad organizativa del PSOE y la UGT le permitió crecer progresivamente y convertirse en una de las principales fuerzas de oposición al sistema de la Restauración.

El anarquismo: acción directa y rechazo del Estado

El anarquismo fue la corriente obrera con mayor implantación popular durante buena parte de la Restauración, especialmente en Cataluña, Andalucía y algunas zonas del litoral mediterráneo. Defendía una sociedad sin Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada de los medios de producción, organizada mediante asociaciones libres de trabajadores y comunidades autónomas.

A diferencia del socialismo, los anarquistas rechazaban la creación de partidos políticos, la participación electoral y la conquista del poder estatal. Consideraban que el Estado era, en sí mismo, un instrumento de dominación y que no debía ser reformado ni controlado, sino eliminado. Por ello, confiaban principalmente en la acción directa de los trabajadores, mediante la organización sindical, las huelgas, los boicots y, más adelante, la huelga general revolucionaria.

El anarquismo español fue muy diverso y no puede identificarse únicamente con la violencia. Aunque algunos grupos recurrieron a atentados individuales, la mayor parte de sus seguidores participó en sociedades obreras y organizaciones sindicales. Su arraigo entre jornaleros andaluces y obreros industriales catalanes lo convirtió en una de las principales fuerzas de oposición social al régimen de la Restauración.

Los nacionalismos periféricos: la oposición desde la periferia

La cuarta gran fuerza opositora surgió allí donde el centralismo de la Restauración chocaba con identidades regionales fuertes. En el País Vasco, Sabino Arana fundó en 1894-1895 el Partido Nacionalista Vasco, de raíz ultracatólica y foralista, que reclamaba la recuperación de los fueros abolidos en 1876 tras la derrota carlista. En Cataluña, el proceso fue distinto: el catalanismo nació primero como regionalismo cultural y fue derivando hacia el nacionalismo político, con hitos como las Bases de Manresa (1892) y la fundación de la conservadora Lliga Regionalista en 1901. El historiador Borja de Riquer ha subrayado que el catalanismo político encontró su principal caldo de cultivo en una burguesía industrial que, tras el Desastre del 98 y la pérdida de los mercados coloniales, dejó de sentirse representada por un Estado que consideraba ineficaz y centralista.

Un sistema diseñado para excluir en una sociedad que empezaba a cambiar

La aparición de esta oposición plural no fue casual: fue, en buena medida, consecuencia directa del propio diseño del sistema canovista. Al reservar el poder a dos partidos dinásticos y excluir sistemáticamente a cualquier otra fuerza mediante el fraude electoral, la Restauración condenó a la marginalidad política a sectores sociales cada vez más numerosos y con más conciencia de sus propios intereses: una clase obrera en expansión por la industrialización, unas burguesías periféricas con proyectos económicos y culturales propios, y unos sectores medios urbanos que veían el turnismo como una farsa oligárquica.

El historiador Javier Varela Ortega ha explicado que el sistema funcionó razonablemente bien mientras la política siguió siendo un asunto de minorías, pero se volvió insostenible a medida que la sociedad española se modernizaba, se alfabetizaba y organizaba sus intereses colectivamente. El Desastre del 98 —la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas— actuó como catalizador: para republicanos, socialistas y anarquistas supuso la prueba definitiva del agotamiento del sistema, y para el nacionalismo catalán, la constatación de que el Estado español era incapaz de defender ni siquiera sus propios intereses económicos.

Una oposición que no derribó el sistema, pero preparó su final

Ninguna de estas fuerzas logró, por sí sola, derribar el sistema antes de 1923. Pero su crecimiento sostenido fue minando la legitimidad del régimen desde varios frentes a la vez, y sentó las bases de la política española del siglo XX. La Conjunción Republicano-Socialista de 1909 mostró que la izquierda podía cooperar electoralmente pese a sus diferencias; la CNT se convirtió en la organización obrera de referencia en Cataluña y Andalucía; el nacionalismo catalán y vasco consolidó estructuras políticas propias que sobrevivirían a todos los regímenes posteriores. Cuando la crisis de 1917 —con su triple frente militar, político y social— sacudió el sistema hasta sus cimientos, fue precisamente esta oposición acumulada durante más de tres décadas la que capitalizó el desgaste del turnismo, allanando el camino hacia el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y, más adelante, hacia la experiencia republicana de los años treinta.

De hecho, muchas de estas mismas siglas —PSOE, CNT, republicanos, nacionalismos catalán y vasco— volverán a aparecer, con papeles protagonistas, cuando lleguemos al episodio del Frente Popular español, heredero directo de aquella Conjunción Republicano-Socialista que nació, casi como un experimento, en las elecciones de 1910.

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